Resulta penoso ver cómo continúa un proceso de degradación institucional que parece no tener fin, impacta directamente en los derechos del colectivo no docente en general y especialmente en la compañera que ganó el concurso para la dirección administrativa de la Secretaría General de Cultura y Extensión, a mediados de 2021.
Queda claro que quienes desde un primer momento pretendieron revertir el resultado del concurso están a punto de lograr el objetivo, a pesar de la decisión adoptada por el Consejo Superior Universitario que en septiembre de 2021 derogó la resolución de rectorado que lo anulaba y designó en el cargo a la legítima ganadora.
Durante los meses siguientes a la decisión del CSU, a pesar de la buena voluntad de la compañera, se inició un sutil proceso de hostigamiento psicológico y simbólico que podría encuadrarse como un caso de violencia laboral, tipificado en la Ley 26.485 “de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”.
Como señalamos en vísperas del pasado 8M, “ni los protocolos ni la buena voluntad alcanzan cuando los poderosos se encargan de revictimizar a las víctimas… Si la violencia de género y la violencia laboral quedan subordinadas a los juegos de poder, las normas serán letra muerta.”
No hubo ni calidad ni calidez por parte de las autoridades para resolver adecuadamente el caso, apelándose al traslado. Así, se le impidió desarrollar las funciones para las que concursó. El traslado se efectivizó en el transcurso de una licencia por enfermedad como consecuencia de su insostenible situación laboral. Acorralada y revictimizada, se la subordinó a una única salida que le pone un broche final a la violencia institucional.
Por estos días, el mismo órgano de gobierno que la designó en 2021 avanza en la creación de una nueva categoría 2, que irrumpe contra el consenso institucional establecido de planificar la planta no docente y ante la mirada atónita de compañeras y compañeros que aguardan la posibilidad de reestructuraciones que les permitan avanzar en su carreras laborales en un contexto de restricción de nuevos cargos para las universidades que se mantiene desde 2015. Además, se utiliza una categoría 7 vacante, obturando que alguien ingrese a trabajar como no docente en un contexto laboral complejo y cuando existen unidades académicas o dependencias que necesitan incorporar personal.
Tales prácticas afectan a la institución universitaria y manchan incluso la labor de aquellas pocas funcionarias y algún que otro funcionario comprometidas/os con una institucionalidad alejada de la arbitrariedad y el autoritarismo.
Estamos frente a un proceso de violencia institucional sobre una compañera permanentemente revictimizada, frente a la prepotencia de algunas autoridades sobre nuestro estamento y nuestro régimen de concursos. No hay lugar para hacernos las/los distraídas/os, nadie puede mantenerse en un silencio atroz cuando afectan a nuestro estamento. Es imprescindible la unidad frente a unos pocos que se creen dueños de la universidad.