Desde la ListAzul nos solidarizamos con quienes reclaman por mayor equidad en la UNS, en un contexto de dificultades para los sectores asalariados y con un ataque permanente del Gobierno a las universidades nacionales y sus comunidades, la economía estancada, los salarios destruidos y decisiones que se toman en otros países.
En estos días se instaló en la agenda de nuestra institución el suplemento por “función extendida” creado en mayo del año pasado, cuando ya la motosierra comenzaba a serruchar el financiamiento estatal a las universidades públicas y a nuestros sueldos.
Es comprensible que cualquier compañera o compañero se exprese públicamente y plantee sus dudas frente a temas que nos afectan como colectivo, reclamando un trato más equitativo en el marco de deterioro del salario y las condiciones de trabajo.
En el caso particular, proponemos revisar la normativa vigente. En principio, porque no resulta coherente con el Estatuto de la UNS que sea un funcionario de Rectorado y no el Consejo Superior quien evalúe la importancia o interés de un proyecto presentado por una dependencia para el cobro de dicho suplemento. El CSU es, según el Estatuto, el órgano de cogobierno encargado de dictar “ordenanzas atinentes al buen gobierno de la Universidad” y “el reglamento para la Administración”. La disposición tiene su lógica, porque se trata de un cuerpo conformado por el voto directo de los estamentos a los que representa.
El suplemento de “función extendida” debería ser reglamentado por el CSU, como se hizo con las RETCOM (Res. CSU-472/2012), y cabría esperar de sus integrantes el análisis de los proyectos presentados. Entendemos que la evaluación debería efectuarse a través de una comisión o en diálogo permanente con las/los representantes designados por el cuerpo en la paritaria Nodocente.
No necesitamos que venga alguien a explicarnos la función extendida: queremos que la Universidad indique de manera clara qué tareas están comprendidas en esta función y cuáles no, y que la institución identifique esas funciones para abonarlas. En suma, que no dependa de una gestión personal, de dirección o gremial, impulsarlas. Es responsabilidad de la gestión institucional, y no de la gremial, clarificar la situación. Por un lado, porque se trata de recursos públicos. Por otro, porque el contexto económico y salarial produce angustias cotidianas que no deben ser profundizadas hasta el quiebre de nuestra comunidad.
Compañeras/os: no hay que confundirse, estas gestiones han sido la medida en la que estamos inmersos; existen algunas/os que recorren dependencias de manera sistemática y gestionan particularmente.
En ese sentido Rectorado ha convalidado la paz gremial no docente reestructurando sin brújula, pero siempre con destino cierto. Las y los Nodocentes recordamos cómo no hace mucho tiempo había una cruda interna gremial. Quien tenga tiempo puede revisar las restructuraciones de cargos y las actas paritarias, y rápidamente entenderá porqué la visceralidad que antes exhibían ahora se reduce a silencio.
Todo esto es planteado con el mejor de los respetos, porque todas y todos estamos dispuestos a que nos motiven, a desarrollarnos profesionalmente, y a mejorar la eficiencia en el lugar del trabajo y en la UNS.