La imponente Marcha Federal Universitaria -convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional, y las Federaciones de docentes, no docentes y estudiantes- demostró la unidad de la comunidad ante un gobierno nacional que acorrala a las universidades nacionales públicas, restringiendo el envío de partidas o incrementándolas en porcentajes irrisorios sobre un presupuesto calculado en 2022.
Luego de esa contundente manifestación, queremos enfocarnos en algunas cuestiones locales que preocupan ya sobremanera.
En el informe del Rector durante el plenario del Consejo Superior del 13 de marzo, nos anoticiamos que el presidente del Departamento de Complementación Previsional (DCP) acordó con Rectorado el pago de un alquiler a la UNS por las instalaciones que la entidad usa hace años, en el tercer piso de Colón 80. No queda claro si esta decisión ha pasado por el consejo departamental del organismo y si algún representante en el mismo ha planteado el tema. Las y los afiliados: bien, gracias…
Todo hace presumir que, con tal medida, nuestros ahorros pagarán este manotazo de ahogado para emparchar el presupuesto universitario. La actual representación de nuestro estamento nada ha informado al respecto.
Por su parte, el Servicio de Obra Social (SOSUNS) ha llevado adelante en los últimos años una política de mejorar sus números generales, pero sin que se hayan tomado medidas estructurales como las propuestas por el Comité Técnico durante la profunda crisis atravesada por el SOSUNS en 2017-2019, o sí pero no nos enteramos. Por entonces, se reproducían las asambleas autoconvocadas y el reclamo al consejo de administración para ampliar prestaciones y limitar los aportes. Nada de eso ocurre ahora… Es más, quienes se autoconvocaban a las asambleas ahora se presentan compungidos porque tienen que tomar decisiones dolorosas como hacer recaer el ajuste sobre las y los jubilados de la Obra Social.
El escenario socio-económico que se cierne sobre asalariadas/os y jubiladas/os es de una gravedad aún mayor que el de 2017-2019: los medicamentos y prácticas médicas se disparan a niveles siderales y el Gobierno avanza en un proceso de licuación de salarios y jubilaciones otorgando magros aumentos sin dialogar en las paritarias.
Más allá de las posiciones particulares sobre la política gubernamental, está claro que los pedidos de ayuda asistencial están creciendo, que el panorama a futuro no es el más alentador y que cada vez nos cuesta más la atención médica y la cobertura de la Obra Social no alcanza. Sólo en la última sesión de abril del Consejo Superior se trataron media docena de pedidos de ayudas económicas por razones de salud de afiliados del SOS UNS. Se torna insoslayable que las y los representantes no docentes en ambos organismos informen sobre las decisiones que toman y los argumentos que las fundamentan, se clarifiquen las situaciones y previsiones de ambos organismos y el impacto que puedan tener en nuestros ahorros y prestaciones de salud, y se incorpore en la Obra Social la representación de jubiladas y jubilados, en un contexto en el que están siendo severamente afectados y no solo se los ajusta desde el gobierno nacional.