Pese a lo mucho que se ha avanzado en los últimos años, las investigaciones judiciales e históricas sobre lo ocurrido durante el terrorismo de Estado en Argentina siguen completando casilleros vacíos, o que permanecían difusos. Víctimas para las que se descubren nombres, o nombres que revelan una biografía.
La reconstrucción de la vida de las víctimas permanentemente ofrece datos para reconstruir sus trayectorias laborales, académicas y de militancia. Eso también ocurre con quienes formaron parte de la comunidad universitaria y, en lo que atañe específicamente a la ListAzul, con compañeros y compañeras no docentes.
Es el caso de Arturo Miguel Rosés, cuya historia no figuraba entre las conocidas hasta ahora en la Universidad Nacional del Sur.
Arturo nació el 28 de octubre de 1951 en Santo Tomé, provincia de Corrientes. Hijo de Arnaldo Rosés y Juana Leonor Oharriz, se recibió de perito mercantil en el Colegio Don Bosco en 1969.
El 17 de enero de 1972 ingresó como administrativo a la UNS, donde además cursaba la carrera de Ingeniería Química. Como no docente, se desempeñó en la secretaría del Instituto de Investigaciones Bioquímicas, con el número de legajo 3309.
A sus tareas laborales y académicas, el día a día de Arturo sumaba las horas de militancia, en la Juventud Universitaria Peronista y en Montoneros.
El 7 de abril de 1975 por resolución 173 del Rector Interventor, el fascista rumano Remus Tetu, fue cesanteado junto a 53 trabajadores no docentes, entre ellos Daniel Bombara y Néstor del Río.
El 1 de abril de 1977, ya durante la última dictadura cívico militar, fue secuestrado en la ciudad de Buenos Aires. Su caso se asentó en el legajo 397 de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Continúa desaparecido.
El nombre de Arturo Miguel Rosés se inscribe en la nómina del homenaje permanente que la ListAzul ofrece, desde hace años, a otros compañeros no docentes que resultaron víctimas del terrorismo de Estado: Daniel Bombara, Néstor del Río, Roberto Garbiero, Mario Usabiaga y todos aquellos que sufrieron una persecución plasmada en cesantías, amenazas o la obligación de interrumpir un proyecto de vida con base en la identidad como trabajadores no docentes.