El lunes 2 de agosto la impunidad de 47 años llegó a su fin, con las condenas a Raúl Aceituno, Juan Carlos Curzio, Osvaldo Pallero y Héctor Forcelli. El Tribunal interviniente consideró probada la participación de todos ellos en la autodenominada Alianza Anticomunista Argentina.
A Aceituno, además, lo encontró responsable como coautor del crimen de David “Watu” Cilleruelo, militante comunista y dirigente estudiantil asesinado en el complejo de la Universidad Nacional del Sur en avenida Alem 1253 de Bahía Blanca.
Esa información se publicó en diversos medios, y puede repasarse en el fallo y su lectura. Pero la ListAzul considera necesario añadir un enfoque desde el rol de parte integrante de la comunidad de la UNS.
En tal sentido, resulta imprescindible señalar que todos los condenados fueron contratados por el Rectorado de la UNS en la época en que la organización criminal de que participaban perpetraba crímenes de lesa humanidad. Con todas las letras: la UNS financió el accionar delictivo de la Triple A.
Es cierto: quien lo determinó, el nazi rumano Remus Tetu, no era un rector electo, sino designado por el Poder Ejecutivo. Pero antes y después de cometer sus tropelías como uno de los jefes de la banda criminal, Tetu fue parte de una comunidad universitaria que nunca –salvo una solitaria excepción, en 1973- lo apartó. Ni siquiera cuando a mediados de los ’80 el movimiento estudiantil lo reclamó. Tetu pudo jubilarse sin reproche institucional. Lo mismo que ocurrió con otros acusados por delitos de lesa humanidad.
Los y las no docentes nunca sentimos a estos condenados, ni a los que murieron impunes, como parte de nuestra identidad. Aunque formalmente hayan sido trabajadores de la UNS.
Hoy, con esta histórica sentencia ya como un hecho concreto, es momento de recordar. En primer lugar, a las víctimas de homicidios, persecuciones, censura, cesantías. Con toda seguridad, el accionar del terrorismo de Estado no sólo truncó proyectos de vida, sino que además privó a la UNS de contar con el aporte intelectual, académico y científico de las personas perseguidas.
Pero también es necesario recordar a quienes durante las décadas posteriores desafiaron los miedos, los silencios y la frialdad de una UNS que evitaba mirarse en el espejo de su propia historia, tan fresca por entonces. Que ni siquiera le ponía nombre a “Watu” cuando no podía eludir la mención del crimen. Que seguía tratando de “profesor” a Tetu. Que caía en un abismal silencio cuando alguien mencionaba la palabra “desaparecido”. Que forzaba la convivencia entre víctimas y victimarios como una nueva confraternidad en lo que era tierra arrasada y bañada de sangre y lágrimas.
Es imprescindible decirlo: todas aquellas voces, que la ListAzul acompaña orgullosamente desde 1996, tenían razón. Aunque por entonces se las tildara de escandalosas o a destiempo, o lisa y llanamente se las ignorara. La vida no es una carrera por tener razón. Pero señalarlo hoy, con este veredicto judicial en la mano, es más que un acto de justicia: es el primer paso para revisar nuestra historia institucional. Para Nunca Más caer en el negacionismo y la indiferencia. Para que involucrarse en un reclamo justo no vuelva a ser penalizado con miradas vacías.